Jueves. 15.11.2018 |
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SI INVESTIGA A EE.UU. Y A ISRAEL

Donald Trump amenaza con sancionar a la Corte Penal Internacional

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, advirtió que aplicarán castigos a sus jueces. Es porque ese tribunal tiene causas contra marines y líderes israelíes

Donald Trump amenaza con sancionar a la Corte Penal Internacional

Estados Unidos lanzó este lunes una feroz ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya que juzga delitos de lesa humanidad cometidos en casi cualquier país del mundo: dijo que es “ilegítima”, que la “dejará morir” y amenazó a sus jueces con sanciones si investigan a Israel o siguen adelante con una causa sobre supuestos crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.

“Estados Unidos utilizará cualquier medio que sea necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados contra las acusaciones injustas de este tribunal ilegítimo”, advirtió el “halcón” John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump.

“No cooperaremos con la CPI. No le daremos ayuda. No nos uniremos a ella. Dejaremos que muera sola. Después de todo, la CPI ya está muerta para nosotros”, dijo este funcionario, que es conocido por sus posiciones militaristas, contra el multilateralismo y la justicia global.

“Si la Corte va por nosotros, por Israel u otros aliados, no nos quedaremos callados”, dijo Bolton.

Bolton pronunció su discurso en la sede de la Federalist Society, una organización conservadora de Washington. Mientras hablaba, podían escucharse afuera del edificio las protestas de decenas de personas que marchaban contra el cierre de la sede de la Organización para la Liberación Palestina en la capital estadounidense, una decisión que benefició precisamente a su “aliado” Israel, un país que también tiene diversas investigaciones en curso en La Haya y en donde los palestinos pretenden sentar a sus líderes.

“Estados Unidos apoya un proceso de paz directo y robusto (entre israelíes y palestinos), y no permitiremos que la CPI, ni ninguna otra organización, restrinja el derecho de Israel a defenderse”, dijo.

El funcionario reaccionó así a la petición de la fiscal jefe del tribunal de La Haya de iniciar una investigación a miembros de las fuerzas de combate estadounidense y los servicios secretos por posibles crímenes de guerra en Afganistán.

“La CPI podría anunciar todos los días investigaciones formales contra patriotas estadounidenses que arriesgan sus vidas voluntariamente para proteger a nuestra nación, nuestra patria y nuestras familias tras los atentados del 11 de septiembre”, desafió Bolton.

En un informe de noviembre de 2016, la fiscal jefe Fatou Bensouda atribuyó a militares y miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) torturas o trato brutal a prisioneros, la mayoría de casos entre 2003 y 2004 en centros de detención clandestinos en Afganistán, pero también en otros países. Según informes oficiales, estas prácticas se vieron incrementadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la CIA se vio implicada en un programa de interrogatorios para sacar información a sospechosos de terrorismo, con prácticas como privación de sueño o el “waterboarding” (submarino o ahogamiento simulado).

Por el Estatuto de Roma, la CPI es reconocida por 123 países, salvo algunos pocos, como Estados Unidos e Israel. Pero Afganistán sí, por lo que es posible que este organismo dependiente de Naciones Unidas juzgue a soldados estadounidenses. De allí que Bolton salga estos días contra el tribunal. Está previsto que la CPI anuncie en las próximas semanas si autoriza la investigación solicitada por la Fiscalía para examinar los supuestos crímenes de los soldados estadounidenses. Dicha investigación incluiría cárceles secretas que la CIA mantuvo en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania durante el mandado del expresidente George Bush, que nombró precisamente a Bolton embajador de EE.UU. en la ONU entre 2005 y 2006.

Bolton afirmó que, además de no reconocer a la CPI, la Casa Blanca podría incluso ir más allá. En su discurso dijo que el gobierno de Trump analiza prohibir a los jueces y fiscales del tribunal el ingreso a Estados Unidos, procesarlos en la justicia estadounidense o imponer sanciones a fondos que pudieran tener en su sistema financiero.

También dijo que las sanciones podrían extenderse a cualquier empresa o Estado que colabore con una investigación de la CPI contra ciudadanos estadounidenses. Washington además contemplaría negociar más acuerdos bilaterales que prohíban a terceros países entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal internacional. El funcionario no ahorró sutilezas ante el auditorio: “¿Entregarían ustedes el destino de ciudadanos estadounidenses a un comité de otras naciones, incluidas Venezuela y la República Democrática del Congo, o a entidades que ni siquiera son Estados, como la Autoridad Palestina?”, preguntó. “No lo harían. Yo no lo haría. Y esta Administración no lo hará”. 

Fuente: Clarín

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