Jueves. 17.10.2019 |
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La oposición vuelve al diálogo en Nicaragua tras el compromiso del gobierno de liberar presos

El gobierno y la oposición regresaron el jueves a la mesa de negociación para dar una salida a la crisis política que vive Nicaragua, un proceso que pondrá a prueba el compromiso del presidente Daniel Ortega de liberar en 90 días a cientos de detenidos en protestas antigubernamentales.

La oposición vuelve al diálogo en Nicaragua tras el compromiso del gobierno de liberar presos

Las delegaciones retomaron las conversaciones en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en el sur de Managua, tras llegar el miércoles a un acuerdo para liberar a todos los opositores detenidos en un máximo de 90 días.

Este acuerdo es “un gran avance” y fue el primer punto de la agenda del jueves, dijo a la AFP el estudiante Max Jérez, delegado de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

El gobierno se comprometió a liberar a todas los detenidos en el contexto de las protestas que estallaron en abril del año pasado y que derivaron en la peor crisis que debió enfrentar Ortega, un exguerrillero de 73 años que lleva 12 años en el poder, con demandas masivas para su salida del poder, pues lo acusan de instaurar una dictadura marcada por la corrupción.

Según un listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los presos son 647, mientras que el gobierno reconoce 350 y un comité de familiares de los detenidos presentó una lista de 807.

Durante la inauguración de una obra vial al suroeste de la capital, Ortega no mencionó las negociaciones pero dijo que en medio de “conflictos terribles” trabaja por la paz y la estabilidad y, aunque “no todos pensamos igual, tenemos que encontrarnos a pesar de diferencias ideológicas y políticas”.

 

Poco optimismo

El período de 90 días fue recibido con recelo entre familiares y organismos de derechos humanos que consideran que la liberación de los presos debe ser inmediata.

El exdiplomatico Mauricio Dávila no es optimista respecto a que el gobierno cumpla lo pactado y considera que las promesas son “una estratagema de negociación” de largo plazo en la que Ortega pretende afianzarse en el poder hasta 2021, cuando están previstas las elecciones.

“El gobierno ha mostrado repetidamente que su meta es hacer lo menos posible en las negociaciones. Creo que serán necesarios un monitoreo y presión continuos para asegurar que todos los detenidos sean liberados en los próximos 90 días”, comentó por su lado a la AFP Geoff Thale, vicepresidente del centro de estudios WOLA (Oficina de Washington para América Latina).

En el mismo sentido, el economista Juan Sebastián Chamorro, de la ACJD, sostuvo en Twitter que “no se hará un llamado a levantar sanciones (internacionales) hasta que la totalidad de los derechos sean restituidos”, incluida la libertad de manifestación y de prensa.

 

Justicia y reparación

La agenda de negociaciones incluye también reformas electorales, el fortalecimiento de derechos y garantías ciudadanas, así como determinar lo ocurrido y ofrecer justicia y reparación por los abusos cometidos en los 11 meses de protestas.

Desde el estallido de las protestas antigubernamentales, la represión ha dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.

En su informe anual presentado este jueves, la CIDH incluyó a Nicaragua en la lista negra de países violadores de los derechos humanos, después de que un grupo de expertos denunciara que en la represión de las protestas se cometieron crímenes de lesa humanidad.

“La CIDH ha seguido con especial atención el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en particular desde el inicio de los actos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 en el marco de la represión estatal a las protestas”, dijo el organismo

En tanto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco de su 40° sesión celebrada en Ginebra, aprobó una resolución que llama al gobierno a abstenerse de todo acto de intimidación y represalia, respete las libertades civiles y la independencia judicial, y libere a todas las personas detenidas.

La subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breir, expresó en Twitter que espera una “acción inmediata” en la aplicación de los acuerdos con la oposición incluyendo la pronta liberación de todos los presos políticos.

De acuerdo con analistas, el gobierno se vio obligado a llamar al diálogo, bajo presión de recibir más sanciones internacionales por la represión, en particular de Estados Unidos y la Unión Europea.

Asimismo, el mandatario recibe presiones internas, en particular del sector empresarial que tradicionalmente fue su aliado, que ahora exige concesiones a la oposición, indicó Thale.

El gobierno de Ortega “está erosionado, colapsado y aislado internacionalmente, no tiene más remedio que abrir la puerta a empujones para que se restablezca la democracia en Nicaragua”, dijo la exguerrillera e historiadora Dora María Téllez a la AFP.

El acuerdo del miércoles es señal de que “Ortega acepta que tiene presos políticos y que tiene que liberarlos”, lo que contradice la narrativa oficial de que el gobierno enfrentó un intento de golpe de Estado.

Fuente: 24Matins

La oposición vuelve al diálogo en Nicaragua tras el compromiso del gobierno de liberar presos
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