Sábado. 07.12.2019 |
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La OEA, cada vez más cerca de suspender a Nicaragua del organismo

Suspender a un país es la medida más fuerte de sanción que contempla el organismo. En su historia solo dos naciones han sido suspendidas: Honduras y Cuba.

La OEA, cada vez más cerca de suspender a Nicaragua del organismo

La Organización de Estados Americanos, OEA, concluye en el más reciente informe de su comisión diplomática que existe una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua", lo que acercaría al país a una suspensión del organismo, la forma más dura que tiene para amonestar a un país.

El documento destaca que las gestiones de la OEA con el Gobierno de Daniel Ortega no han rendido fruto y pide una convocatoria "inmediata" de una asamblea general de carácter extraordinario con los cancilleres del continente. En dicho encuentro, los diplomáticos podrían determinar la suspensión de Nicaragua o postergar la decisión.

La comisión resalta que la ruptura del orden democrático se ha visto porque el Ejecutivo nicaragüense ha usado "mecanismos de control y subordinación" para lograr el control sobre otros poderes del Estado, por lo que es "inviable el funcionamiento democrático del país" y añade que las medidas adoptadas por Ortega transforman a Nicaragua en un "Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho".

En el texto, la comisión diplomática solicita al Consejo Permanente que reúna a los embajadores mediante la declaración de "un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la cuestión".

Para que las reuniones sean aprobadas se necesita el voto a favor de 24 de los países que conforman el Consejo Permanente, es decir, dos tercios de los 35 integrantes. 

Desde que la OEA fue fundada en 1948, solo dos de sus estados miembro han sido suspendidos: Honduras en 2009, después del golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya y Cuba en 1959, tras la revolución de Fidel Castro.

La comisión diplomática para Nicaragua está a punto de terminar funciones

La comisión que pide las reuniones fue creada específicamente para dialogar con el jefe del Estado nicaragüense y tratar de buscar una salida a la crisis que inició en abril de 2018; dicho organismo tenía un plazo de 75 días para mostrar resultados, ese plazo se cumple esta semana, lo que supone el fin de su trabajo.

El Gobierno de Managua se negó a reconocer la legitimidad de la comisión y aseguró que se trataba de un intento de injerencia en los asuntos internos del país liderado por Estados Unidos. Incluso, prohibió el ingreso de los diplomáticos que la conformaban cuando viajaron al país en septiembre pasado. 

Sin embargo, el organismo expone que sostuvo "reuniones con representantes de diversas organizaciones y actores de la sociedad nicaragüense, entre los que se incluyeron organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos de la sociedad civil, expertos electorales, familiares de víctimas y presos políticos", entre otros.

 Acoso, intimidación y violación de derechos

El reporte denuncia que varios organismos identificaron "un grave y constante patrón de acoso e intimidación a cualquier forma de oposición al Gobierno, en particular, los profesionales de la salud, periodistas, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, presos políticos liberados y manifestantes". "Estos casos de acoso e intimidación son continuos, más insidiosos, con el afán de crear un clima de temor", añade.

También se refiere a que existe una clara violación de los derechos políticos de los ciudadanos y puntualiza que "en diciembre de 2018, la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales por criticar al Gobierno".

Asimismo, indica que "desde septiembre de 2018, la Policía Nacional ha establecido que se requieren permisos para cualquier tipo de manifestación y ha negado toda autorización a numerosos grupos sociales para llevar a cabo marchas o manifestaciones pacíficas, aunque antes por ley no se requerían permisos para este tipo de actos".

El informe hace especial énfasis al referirse en el trato inhumano y las detenciones arbitrarias que llevan a cabo las autoridades. "Testigos presenciales indican que con frecuencia comparten las celdas con delincuentes convictos", además señala que "los menores no eran separados de los adultos detenidos".

Fuente: France24

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