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El modelo de franquicia de Trump explota en Panamá

El modelo de franquicia de Trump explota en Panamá

Hace siete años, la Organización Trump inauguró su primer proyecto inmobiliario en América Latina; un lujoso edificio de 70 pisos que domina la visión panorámica de rascacielos en la ciudad de Panamá.

Fue un evento glamoroso al que asistieron Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, así como el presidente de Panamá Ricardo Martinelli. Pero tras bastidores el edificio ya tenía problemas. En pocos meses, el desarrollador, Newland International Properties Corp, incumplió el pago de los bonos que financiaron el proyecto, y dos años más tarde, se declaró en bancarrota.

Hoy, el Trump Ocean Club International Hotel and Tower, que costó 400 millones de dólares, está enredado en una serie de pleitos en los que los propietarios buscan expulsar a la Organización Trump, alegando “una pésima administración”.

El pasado lunes el gobierno de Panamá informó que está investigando una queja contra los ejecutivos de Trump por ocupar ilegalmente el hotel, en medio de denuncias de destrucción de documentos y un pleito por el control de las computadoras y las cuentas bancarias del mismo.

“El nombre Trump es tóxico en los países latinos por todo lo que dijo sobre los inmigrantes”, lamentó el dueño de una unidad y patólogo jubilado, Al Monstavicuis, de 78 años.

La problemática historia del edificio data de hace más de una década e involucra lo que los críticos definen como un clásico ejemplo de los negocios de la Organización Trump. Esto incluye una verificación de antecedentes débil que llevó a los Trump a mezclarse con empresarios extranjeros acusados ​​de una serie de delitos, incluido el lavado de dinero con drogas.

Los problemas legales de la Torre Trump continúan en los tribunales de Panamá y Nueva York. Los propietarios de apartamentos y los actuales dueños del hotel, Ithaca Capital Investments, lanzaron una demanda de 15 millones de dólares en octubre de 2017 contra Trump International Hotels Management LLC. Ithaca busca rescindir el contrato de administración del hotel que tiene la Organización Trump.

La organización Trump contraatacó con una demanda por 150 millones de dólares, y asegura que las acusaciones de mala administración se basan en “inventos”.

Univision y Columbia Journalism Investigations hablaron con el abogado de Trump, Alan Garten, para pedirle sus comentarios sobre estas informaciones en enero. Pidió que se le enviaran preguntas por correo electrónico. Pero hasta ahora Garten no ha respondido, a pesar de una serie de llamadas telefónicas y mensajes adicionales.

Pasado oscuro

Desde 2011, los reporteros de Univision han seguido de cerca el tortuoso desarrollo del proyecto, que se convirtió en un polo de atracción para inversionistas e intermediarios de dudosa reputación, a través de Newland International Properties Corp, la firma panameña socia de Trump en Panamá.

Entre ellos: el financista colombo americano Louis Pargiolas, que terminó condenado por cargos de narcotráfico en Miami; el empresario colombiano Camilo Benedetti, acusado por la justicia de su país de robar dinero del gobierno, y el bróker brasileño Alexandre Ventura Nogueira investigado en España por lavado de dinero.

Una revisión de antecedentes podría haber revelado que Pargiolas, uno de los inversionistas del proyecto Trump, tenía vínculos con narcotraficantes colombianos desde el 2002. Fue arrestado en 2009 y sentenciado dos años después en Miami.

Rodrigo Serna Londoño, un socio colombiano de Pargiolas, dijo a Univision que su firma se desvinculó del inversor después de enterarse de sus problemas legales en Estados Unidos.

Cuando se asociaron, Pargiolas “era considerado como un empresario sin ningún tipo de problemas”, aseguró Londoño.

Luego de que Trump fue electo presidente de Estados Unidos en noviembre de 2016, la necesidad de una verificación exhaustiva de la gente que se relaciona con su organización es posiblemente mayor que cuando era un ciudadano común. En el último año ha habido un intenso debate público sobre los potenciales conflictos de interés entre la marca Trump y la oficina presidencial.

El mayor inversionista de Trump Ocean Club, el panameño Roger Khafif, se asoció con Alexandré Ventura Nogueira, un empresario brasileño que luego huyó de Panamá acusado de fraude y a quien investigan en España por lavado de dinero.

Nogueira, de 43 años, negó los cargos y le dijo a Reuters: ”No soy un ángel, pero tampoco un demonio”.

Años después de la construcción de la torre Trump, Khafif se declaró en bancarrota y desapareció. Fue visto por última vez abriendo una tienda de la marca de suplementos alimenticios GNC en Montenegro, en octubre de 2016.

Franquicias y lavado de dinero

Estos hallazgos son parte de una investigación de Univision y Columbia Journalism Investigations en la que se analizaron las prácticas de la marca Trump. Descubrimos que 15 de los 27 proyectos de la Organización Trump en el extranjero incluyen a un inversionista o empresario constructor que enfrentó alegaciones criminales, siete de ellos antes de que se firmara el contrato.

No hay evidencia de que el proyecto Trump haya recibido dinero de lavado ni de la verificación de antecedentes realizada por la Organización Trump.

Sin embargo, los Trump no parecen preocuparse demasiado por verificar el pasado de sus socios comerciales. Eric Trump dijo a Univision Investiga (el equipo de investigación de Univision Noticias) en 2011 que la compañía no revisó el pasado de cada inversionista y agente porque su participación se limitó a la franquicia del proyecto. La realidad es que además de la franquicia, en este caso, también administran el hotel.

“¿Por qué deberíamos hacer una verificación de antecedentes? Si hiciéramos una verificación de antecedentes, tendríamos una de cada corredor de bienes raíces, en todo Panamá y más allá”, dijo.

Según Alberto Ávila, un experto en transparencia corporativa, la Organización Trump, como franquicia, tiene el deber ético de realizar verificaciones de antecedentes sobre las personas y entidades con las que se asocia.

“Se tiene que establecer con quién yo me estoy relacionando. Recordemos que lo que están haciendo es vendiendo una imagen más que el producto”, explicó Avila. “Estamos hablando de países o jurisdicciones donde la corrupción es endémica, es decir, ya ha penetrado en todos los niveles del gobierno y de la sociedad. Entonces cuando uno va a realizar inversiones en estos tipos de países el riesgo aumenta”.

Representante de Trump

Desde el momento en que la Organización Trump se fijó en América Latina en 2007, los hijos del magnate inmobiliario fueron acompañados en sus viajes y reuniones con presidentes, políticos y hombres de negocios por un banquero de inversiones colombiano llamado Camilo Benedetti.

Benedetti fue el enlace entre la firma neoyorquina Yun Capital y la Organización Trump en la búsqueda de oportunidades de negocios fuera de Estados Unidos. Actualmente se encuentra bajo investigación en Colombia por la desviación de millones de dólares en regalías petroleras que datan de ese período, dijo la Procuraduría General de Colombia a Univision.

Durante varios años, su papel fue acompañar a Ivanka Trump y Donald Trump Jr. en una serie de importantes proyectos de turismo e infraestructura en México, Colombia, Panamá y la República Dominicana, algunos de los cuales nunca llegaron a buen término, y otros que terminaron en disputas legales.

Ceremonia de alto nivel

Como todos los eventos relacionados con Trump, la inauguración del edificio en Panamá el 6 de julio de 2011 contó con invitados estelares del país anfitrión. El entonces presidente Ricardo Martinelli y miembros de su gabinete asistieron al evento amenizado por un show de danzas típicas.

Durante el corte del cinto inaugural Donald Trump resaltó cómo los panameños “adoraban a su presidente”, y le dijo a Martinelli “eres mi amigo”.

Martinelli fue igualmente efusivo y le agradeció a Trump el haber invertido en su país y describió el proyecto como “el edificio más importante y bonito de Ciudad de Panamá”.

Luego Martinelli agregó sobre Trump: “Todo lo que él hace en su vida lo convierte en oro”.

Tras la presentación por parte de Newland International Properties Corp de la bancarrota en el Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York el 30 de abril de 2013, los abogados de la firma solicitaron no divulgar los documentos que contienen información confidencial relacionada con precios, pagos y términos de los acuerdos entre la empresa y la Organización Trump.

El voluminoso archivo de documentos fue entregado a la oficina de la interventora Tracy Hope Davis el mismo día de la audiencia que se celebró para definir, entre otros aspectos, si se aceptaba la petición de mantener el asunto en secreto.

La presentación de los papeles a última hora fue una maniobra que no le gustó al juez Martin Glenn. “Yo tomo con seriedad las peticiones [de poner documentos] bajo reserva. Usted va a sacar este caso de su curso. Usted no puede hacer lo que hizo”, le incriminó el juez al abogado.

‘Detrás de las espaldas’ de todo un país

Los propietarios de los condominios tampoco tenían idea de que el constructor había presentado una petición voluntaria de bancarrota en Estados Unidos. Valeria Picchi, una de las dueñas de los condominios, escribió al juez en nombre de la Asociación de Propietarios Afectados por Trump Tower acusando a Newland International de “falta de transparencia e integridad”, según documentos judiciales. “Creemos que esto se hizo a nuestras espaldas o básicamente [a espaldas] de todo un país”, escribió.

Los propietarios afectados acusaron a Trump de incumplimiento de contrato porque “creían que estaban comprando la marca Trump y sus estándares y que luego se enfrentaron con una realidad muy diferente”, dijo Picchi.

“Pensé que estaría a salvo con Trump”, dijo Al Monstavicius, el comprador que vive en Nevada y que ahora lamenta haber invertido 480,000 dólares en un penthouse en el Trump Ocean Club. También compró una unidad en Trump Tower Chicago.

“En ese momento su 'gestalt' (figura) era diferente. Él tenía el programa de televisión y todo el éxito. Me imaginé que hizo su tarea y que invirtió su dinero”, agregó Monstavicius.

El juez quería saber cuánto pagó Newland International a la Organización Trump, pero el abogado, J. Eric Wise, solo dijo una cifra porcentual para la reducción que los Trump estaban dispuestos a ofrecer como parte de la reestructuración de la deuda.

“¿Cuánto es en dólares ... la cantidad específica en dólares?”, preguntó el juez.

“Ese es un componente clave de la información confidencial, Su Señoría”, respondió Wise.

El juez estalló: “Si quiere llevar a cabo su procedimiento en secreto, hágalo en Panamá. No lo haga en este tribunal frente a mí”.

Los cambios en el contrato de franquicia fueron vitales para la reorganización de la deuda de la compañía, dijo el juez. “La importancia de la transparencia en la quiebra es esencial”, agregó, señalando que “la economía del trato” era vital para la aprobación del plan.

En la audiencia, John Ashmead, un representante de los tenedores de bonos que representaban el 50% de la deuda, también se quejó de la falta de transparencia de la Organización Trump en cuanto a las tarifas de la licencia. “No está claro, según entendemos, porque Trump fue muy sensible a la hora de explicar los detalles”, dijo Ashmead.

“Esto es inaceptable para mí”, dijo el juez. “Yo no apruebo planes cuando es una caja negra en la que nadie puede echar una mirada”.

“Pésima” gestión

La más reciente disputa relacionada con la torre surge del acuerdo de 2008 que le reconocía un pago a Trump por la administración del edificio, cuyo contrato tiene vigencia hasta el 2031. Luego de que la firma desarrolladora presentó la bancarrota, más de 200 de los 369 apartamentos fueron adquiridos a principios del año pasado por Ithaca Capital Investments, un grupo de cinco inversionistas de Estados Unidos y Panamá.

En octubre de 2017 Ithaca Capital se alió con otros dueños de apartamentos y votaron para sacar a las compañías de Trump del contrato de administración.

También presentaron una petición de arbitraje ante la Organización Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) acusando a la Organización Trump de una fuerte reducción en ingresos en los dos últimos años debido al deplorable nivel de ventas y mercadeo, según la demanda.

“El hotel ha venido perdiendo constantemente participación en el mercado y se ubica en el último lugar entre los hoteles de lujo similares en todas las categorías que miden el éxito en la industria hotelera”, alegan los dueños en los documentos de la corte.

La ocupación del hotel se redujo al 36% comparada con el 60% de otros hoteles de cinco estrellas de Panamá, según los dueños. El hotel opera como un condominio y cada comprador es dueño de diferentes unidades. La Organización Trump fue contratado por los anteriores dueños para administrar el edificio.

“Los dueños están sufriendo como locos”, dijo Monstavicius, agregando que el mantenimiento en su unidad es más costoso de lo que recibe por las rentas del hotel. “Debido a la baja ocupación los precios de alquiler son muy bajos, los están prácticamente regalando”, aseguró.

“Es un gran edificio pero Trump no va a poner su propio dinero, él no tiene participación”, agregó.

La semana pasada los propietarios intentaron expulsar a la administración del hotel, manejada por una compañía de la Organización Trump. Cortaron la electricidad en partes del edificio y hubo enfrentamientos que obligaron a la policía de Panamá llegar a las instalaciones.

El director de Ithaca Capital, Orestes Fintiklis, escribió una carta a los empleados del hotel advirtiéndoles que la Organización Trump ya no estaba legalmente a cargo de la administración del hotel.

“Algunas personas representando a la Organización Trump los han estado engañando… el acuerdo en el cual se basaban sus servicios (de administración del hotel) ha sido terminado por los propietarios”, dijo Fintiklis.

El lunes, el gobierno panameño intervino diciendo que investigaría si había alguna irregularidad.

La Organización Trump emitió un comunicado el lunes acusando a Fintiklis de utilizar “tácticas de estilo mafioso” para tomar el control del hotel. Agregó que el contrato de administración todavía estaba en vigor legal ya que ningún tribunal había decidido revocarlo.

La organización afirma en documentos judiciales que los reclamos de los propietarios se basan en incumplimientos “fabricados” del contrato de administración del hotel, y que los propietarios habían conspirado para usurpar el control.

En documentos judiciales que presentaron a principios de este mes, los propietarios calificaron la acusación de Trump como “totalmente ficticia y frívola” y una táctica intimidatoria concebida para distraer el caso de arbitraje’’.

“Trump no es capaz de defenderse de los reclamos de malos manejos, y por tanto su única defensa es distraer el foco de los hechos en cuestión… y crear un circo al amenazar a los demandantes y otros con señalamientos de fraude y confabulación que no tienen ningún mérito”.

Y agregaron: “Trump haciendo de Trump”.

Fuente: Univision. Leer artículo original aquí: "El modelo de franquicia de Trump explota en Panamá".

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