Sábado. 19.10.2019 |
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Empiezan los intentos por revertir la disolución del Congreso en Perú

A la fecha, serían dos las iniciativas de demanda que tienen por objetivo dejar sin efecto el cierre del Parlamento. En paralelo, continúa la pugna por la incorporación de Ortiz de Zevallos como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
Empiezan los intentos por revertir la disolución del Congreso en Perú

La Comisión Permanente, el grupo que legalmente le sobrevive al Parlamento disuelto en Perú, aprobó el pasado 2 de octubre interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) con miras a revertir la decisión del mandatario Martín Vizcarra. Este recurso, llamado "acción competencial", sería presentado por el ahora expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, que encabeza el reducido grupo del Legislativo.

Por su parte, la excongresista Marisol Espinoza, quien ocupara un curul -escaño- por el partido Alianza para el Progreso, presentó el lunes 7 de octubre una demanda de amparo ante la Corte de Justicia de Lima. Su objetivo es el mismo: anular el decreto supremo emitido por el Gobierno respecto del cierre del Congreso y lograr así el restablecimiento de sus funciones parlamentarias.

En una entrevista con France 24, especialistas en Constitución peruana, en Derecho Procesal Constitucional y en sociología jurídica explicaron por qué sería improbable el éxito de este tipo de acciones a partir de la disolución del Congreso.

 

¿La Comisión Permanente tendría chances ante el Tribunal Constitucional?

El abogado constitucionalista Juan Manuel Sosa Sacio explica para France 24 que la pretensión de la Comisión Permanente a través de la acción competencial se enfrenta a obstáculos normativos. "Existe una limitación muy clara en las disposiciones pertinentes. El artículo 109 del Código Procesal Constitucional prescribe que, cuando se trata de órganos con varios miembros, como es el caso del Congreso de la República, la decisión de demandar requiere de la aprobación del respectivo Pleno".

Antes de su disolución, el Congreso peruano estaba compuesto por 130 legisladores. Este pleno era el facultado para debatir, votar y aprobar en última instancia toda iniciativa de ley, sanción, demanda o acción que se ajustara a sus competencias. De acuerdo con las normas vigentes, los miembros de la Comisión Permanente -que consta de 27 exlegisladores- podrían plantear un recurso, pero este debe respaldarse en un pleno, el cual ya no existe. "Ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso le reconocen a la Comisión Permanente competencias para demandar en nombre del Congreso", precisa Sosa.

Sin embargo, el especialista no cierra la discusión y advierte que el Tribunal Constitucional puede, de propia voluntad, flexibilizarse frente a este pedido y resolverlo. Todo dependerá, nuevamente, de su disposición: "El TC tiene jurisprudencia en la que flexibiliza la legitimidad activa y la participación en los procesos constitucionales abstractos. Por ello, reconociendo con claridad que las normas vigentes no le permiten a la Comisión Permanente demandar, el TC podría -con base en su función moderadora y pacificadora- considerarse competente a sí mismo para conocer el caso, o para emitir algún tipo de pronunciamiento atendiendo al rol social y político que ciertamente cumple".

 

Persiste el debate sobre resolver jurídicamente una decisión política

Como se informó al inicio de este texto, la exlegisladora Marisol Espinoza Cruz -que es investigada por la Fiscalía- por presuntos actos de corrupción y perderá su inmunidad parlamentaria el próximo 31 de octubre- ha sido la primera en impugnar la disolución por la vía de la Justicia ordinaria. No obstante, para algunos analistas en la materia, el intento también experimentaría dificultades.

El académico y abogado constitucionalista Omar Cairo Roldán señala que una demanda de amparo sobre este caso sería improcedente para cualquier juez. "El amparo protege derechos constitucionales y lo que hubo con la disolución fue un acto político de una institución respecto de otra institución. Además, el artículo 5, inciso 9, del Código Procesal Constitucional establece que, cuando se trata de conflictos entre entidades de derecho público interno, el amparo no procede".

La también especialista en proceso constitucional, Gabriela Oporto Patroni, indica que recurrir al amparo -independientemente de que sea aceptado a trámite o no- significaría un largo tiempo de espera para el o la demandante. Esto, tomando en cuenta que un recurso de este tipo tiene resolución firme cuando se agotan las dos instancias judiciales y la eventual revisión final en el TC.

"Por los plazos que maneja el Poder Judicial, difícilmente podría tenerse una decisión en un plazo breve, salvo quizás que se pida una medida cautelar, pero eso tampoco asegura prisa. De ordinario, un proceso constitucional tarda tres años en llegar al TC. Quizás más. Por otro lado, está de por medio el tema de la judicialización de actos políticos, algo que es muy polémico aún y no sería posible anticipar el sentido del pronunciamiento", afirma Oporto.

Luis Pásara Pazos, doctor en derecho y senior fellow de la Fundación para el Debido Proceso, expresó que sobre el TC pesaría la gran responsabilidad de elegir cómo conducir la discusión. "El gran nudo ahora está en el TC, a quien todas las partes reconocen autoridad para resolver las diferencias planteadas. En consecuencia, la pregunta clave es si los magistrados del TC van a dar un paso contra la situación de hecho, que es la de un Gobierno en pleno uso de sus atribuciones e internacionalmente reconocido sin duda alguna, con un apoyo ciudadano masivo, como las encuestas confirman".

 

¿Quién es quién en la crisis política de Perú?

Mientras se desarrolla la polémica jurídica, corre en Perú el plazo previo para las elecciones congresales. El 1 de octubre, día posterior al cierre del Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones publicó una resolución en la que oficializa el 26 de enero de 2020 como fecha para los comicios parlamentarios y fija los tiempos para las inscripciones de candidatos. Un proceso que no podrá detenerse ni aplazarse, pues el artículo 134 de la Constitución establece que las elecciones complementarias deben realizarse dentro del periodo máximo de cuatro meses tras una disolución como la que se ha producido.

 

Gonzalo Ortiz de Zevallos, el "electo" magistrado del TC que exige su incorporación

Antes del decreto de disolución del Congreso, el ahora extinto Pleno había votado por el primer candidato al Tribunal Constitucional en una elección empañada por las críticas y por la desatendida cuestión de confianza. Si bien el postulante Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea -quien es primo hermano del expresidente del Congreso, Pedro Olaechea- obtuvo los 86 votos suficientes para su designación, el proceso no habría concluido, pues otros ahora exlegisladores habían presentado pedidos de reconsideración y de nulidad inmediatamente después del conteo de votos.

"La votación del Congreso a favor del señor Gonzalo Ortiz de Zevallos no ha sido perfeccionada, en la medida que se encuentran aún pendientes de resolver un recurso de reconsideración y otro de anulación. Mientras el procedimiento parlamentario no haya sido terminado, la sola votación realizada no alcanza para contar con una resolución legislativa vigente", expresa el constitucionalista Juan Manuel Sosa.

Al igual que Sosa, el especialista Omar Cairo indica que el nuevo Congreso a instalarse el 2020 tendrá que resolver las impugnaciones contra la elección de Ortiz de Zevallos para así oficializar o no su nombramiento. "El proceso está incompleto y Ortiz de Zevallos, técnicamente, no ha sido nombrado todavía. Su puesto lo tendrá que definir el nuevo Parlamento, que podría resolver si anula o no todo el proceso. Además, esta designación será recién oficial cuando se detalle con una publicación en el diario oficial 'El Peruano'".

El pasado 3 de octubre, el propio Ortiz de Zevallos se presentó personalmente ante la sede del Tribunal Constitucional para tramitar una carta en la que exige su incorporación como magistrado y el establecimiento de una fecha para jurar al puesto. Un día antes, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, dirigió también un oficio a la entidad autónoma para solicitar la juramentación de su primo. Pero, además, señaló que el magistrado a reemplazar debería ser aquel con menos años como colegiado en abogacía. Esta directriz, que afectaría específicamente al actual magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, ha sido criticada por significar un exceso de atribuciones.

"Esta supuesta 'resolución legislativa' contiene un extremo completamente irregular y atípico, claramente direccionado, que no ha sido deliberado ni votado en el Congreso, con el cual se pretende contrabandear un criterio para reemplazar específicamente a uno de los magistrados. Diría que este proceder abona a la tesis de la irregularidad del acto, y que incluso podría traer consecuencias legales para quienes lo convaliden", cuestiona Juan Manuel Sosa, que tiene experiencia como asesor en el Tribunal Constitucional.

El tribuno Espinosa-Saldaña, un juez constitucional que sería incómodo para el fujimorismo, se pronunció sobre este hecho en entrevista con 'RPP Noticias' y recalcó que Ortiz de Zevallos no ha sido nombrado oficialmente. Además, sugirió que es insólita la orden sobre quién debe salir para otorgarle el puesto.

Los siete tribunos que conforman el actual Pleno del TC son: Eloy Espinosa-Saldaña Barrera; Carlos Ramos Núñez; Marianella Ledesma Narváez; Manuel Miranda Canales; Ernesto Blume Fortini (presidente); José Luis Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa. Todos, con excepción de Ferrero, tienen mandato vencido desde junio de este año y es por eso que el Congreso de la República había iniciado la elección de nuevos magistrados; un proceso que se reveló contaminado por el aparente interés político de algunos congresistas y los perfiles poco idóneos y hasta delictivos de sus postulantes.

Entre los casos pendientes a resolverse en el TC está el habeas corpus que exige la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que es investigada por presunto lavado de activos.

Fuente: France 24

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